Aprovechando la delegación de facultades para legislar en materia penal, el gobierno ha introducido dentro de la figura de extorsión y de manera sorpresiva la inhabilitación de cargos a las autoridades que participen en la huelgas, por supuesto que se ha desatado una polémica entorno sobre la constitucionalidad de la ley, lo cierto es que el gobierno una vez mas deja ver sus enaguas fascistas como cuando pide pena de muerte o justifica las censura de caricaturistas.
